Esta historia fue traducida por la periodista Jenny Manrique.
In English
“Le estás quitando la comida a la boca de mis hijos”.
Eso es lo que Stephen Lara, un veterano de la Marina, les dijo a los oficiales de la Patrulla de Caminos de Nevada (NHP en inglés) después de que confiscaran los ahorros de su vida ($87,000 en efectivo) de su vehículo durante una parada de tráfico en las afueras de Reno en febrero.
Los oficiales dijeron que creían que el dinero en efectivo de Lara provenía del tráfico de drogas. Lara no había cometido ningún delito, un punto que los oficiales del NHP reconocieron después de informar a la Agencia Antidrogas de EE. UU. sobre la detención. Lara proporcionó a los oficiales recibos bancarios por el efectivo.
Fue detenido presuntamente por seguir demasiado cerca a un vehículo y “conducir por debajo del límite de velocidad”.
El oficial que lo detuvo, sin embargo, elogió su manera de conducir. “Conduces muy bien”, dijo el oficial.
Lara, que viajaba de Texas a Portola, California, permitió que los oficiales registraran su vehículo. Dijo que no tenía nada que ocultar. NHP, en concierto con la DEA, luego tomó su dinero.
“Traje los ahorros de mi vida de $86,900 en efectivo, que había estado ahorrando con la esperanza de comprar una casa donde mis hijas pudieran vivir”, dijo en un expediente judicial.
Lara tuvo que hacer que le transfirieran $1,000 para continuar su viaje por carretera.
“No tengo [ahora] forma de mantener a mis hijos”, les dijo a los oficiales en el lado de la Interestatal 80 al este de Sparks.
Un bufete de abogados de interés público, Institute for Justice, presentó dos demandas en nombre de Lara: una para recuperar su dinero y otra por lo que dijeron que eran violaciones de las leyes de Nevada.
El Instituto publicó el lunes imágenes de la cámara corporal de la parada. La firma calificó el video como un “raro vistazo a un abuso de poder que miles de estadounidenses inocentes experimentan cada año”.
Lara dijo que llevaba dinero en efectivo porque no confía en los bancos. Los documentos judiciales muestran que pensó que la incautación fue un malentendido, “pero el agente [de la DEA] lo trató como a un criminal”.
El Instituto dijo que, por ley, la DEA debería haber devuelto el dinero de Lara dentro de los 90 días. Eso no sucedió, dijeron los abogados de Lara.
Después de presentar ambas demandas, Lara recibió la devolución de su dinero más intereses, pero su caso en Nevada aún está pendiente.
Las confiscaciones de activos de Nevada nuevamente en el ojo del huracán
El fiscal federal Nicholas Trutanich dijo en enero que se incautaron 8,6 millones de dólares en Nevada el año pasado.
“A lo largo de 2020, continuamos ampliando nuestra coordinación con las agencias de aplicación de la ley y otros socios de cobranza, y nos sentimos honrados de poder contribuir con estos fondos para (entre otras cosas) compensación a las víctimas y asistencia a las víctimas”, dijo.
La incautación de efectivo y activos se deriva principalmente de actividades delictivas relacionadas con las drogas. La Oficina del Sheriff del condado de Washoe informó que incautó $3.9 millones en 2020 de supuestas operaciones de drogas.
Pero las personas inocentes, o las personas que han demostrado ser inocentes después de haber sido acusadas de delitos, e incluso haber cumplido condenas de prisión, informan de una dificultad extrema para recuperar sus bienes.
La Corte Suprema de Nevada desestimó un caso contra Robert Coache, un ex funcionario estatal del agua, por falta de evidencia en 2019. Coache enfrentó más de 40 cargos impuestos por el fiscal de distrito del condado de Clark. Dijo que le tomó más de un año recuperar su propiedad y activos del fiscal del distrito.
Él está demandando a la oficina del fiscal de distrito y al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas por violaciones de los derechos civiles. Busca $5 millones en daños después de cumplir 16 meses en prisión.
“Todavía estoy pagando el precio por esto”, le dijo a This is Reno. Sus bancos y compañías de tarjetas de crédito cancelaron sus cuentas con base en su caso a pesar de que fue absuelto de los cargos en su contra.
Este año, la Legislatura de Nevada consideró endurecer las restricciones sobre el decomiso de activos civiles. Las agencias policiales y los fiscales, incluida la oficina del fiscal de distrito del condado de Washoe, se opusieron a un proyecto de ley de la Asamblea que fue promovido por aquellos preocupados por cuestiones de libertad civil relacionadas con la confiscación de activos.
“En Nevada, la confiscación de activos civiles perjudica desproporcionadamente a los residentes de minorías y de bajos ingresos”, testificó Marcos López de Americans for Prosperity. “Un estudio del Instituto de Investigación de Políticas de Nevada [NPRI] mostró que la mayoría de las incautaciones y decomisos en el condado de Clark ocurrieron en los vecindarios más pobres y con mayor diversidad racial, lo que afectó a quienes tenían menos medios para impugnar los procedimientos de decomiso”.
López dijo que las agencias de aplicación de la ley en Nevada han incautado más de $5 millones en propiedad privada.
“La mayoría de las confiscaciones fueron menos de $1,000, dejando poco o ningún recurso para el acusado debido al costo de contratar a un abogado y las acciones legales subsiguientes que superan el valor de la propiedad confiscada”, agregó.
Daniel Honchariw del NPRI estuvo de acuerdo.
“Impugnar las confiscaciones a menudo tiene un costo prohibitivo porque … los propietarios acusados generalmente carecen de los recursos financieros y legales para impugnar efectivamente la incautación y subasta de su propiedad y … incluso cuando lo hacen, el costo de contratar a un abogado a menudo supera el valor de la propiedad incautada”, dijo.
El proyecto de ley de la Asamblea no fue aprobado.
El Institute for Justice otorga a Nevada una clasificación D-menos por sus protecciones de decomiso de activos civiles.
“Nevada adoptó reformas positivas a sus leyes de decomiso civil en 2015, pero su calificación legal se redujo a una D- debido a protecciones débiles para propietarios inocentes y un fuerte incentivo financiero para incautar”, señala el grupo en su sitio web. “La calificación de Silver State se ve empañada aún más por un gran incentivo para la incautación: las agencias de aplicación de la ley retienen hasta el 100% de las ganancias de la incautación.
“Sin embargo, si una cuenta de decomiso excede los $100,000 al final del año fiscal, el 70%de los fondos excedentes deben entregarse al distrito escolar en el distrito judicial donde se incautaron los bienes”.
Christopher Peterson, abogado de la ACLU de Nevada, dijo que las leyes de decomiso civil de Nevada se basan en pequeñas cantidades en dólares que cuestan más luchar con un abogado que la cantidad de propiedad incautada.
“El campo de juego está bastante sesgado, especialmente contra un acusado pobre”, dijo. “El problema central aquí es cómo hemos incentivado a nuestros departamentos de policía y nuestros actores estatales. Incluso si se arregla más tarde, el daño ya está hecho. No puede recuperar el período de tiempo en el que esa persona no tiene su dinero y no tiene sus activos. Ese daño está hecho”.
Hubo dos casos similares a los de Lara fuera del condado de Humboldt, y ambos resultaron en acuerdos principalmente para cubrir los honorarios de los abogados. Uno fue criticado por John Oliver en el clip a continuación.
El otro caso en 2014 ocurrió después de que NHP confiscó $50.000 dólares a Tan Nguyen. Nguyen se refirió a la incautación de su dinero por parte de NHP, el dinero que ganó jugando, como el robo en la carretera.
