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Esta historia fue traducida por la periodista Jenny Manrique.
Mientras se prepara para postularse para el Senado de los Estados Unidos el próximo año, las opiniones antiaborto del republicano Adam Laxalt tienen a las organizaciones a favor del derecho a decidir, en alerta.
Laxalt fue fiscal general de Nevada de 2015 a 2019. Fue derrotado en su candidatura a gobernador de 2018 por Steve Sisolak. Ahora se postula para derrocar a la senadora demócrata Catherine Cortez Masto en las elecciones del 8 de noviembre de 2022.
La preocupación expresada por los grupos a favor del derecho a decidir es que las previas acciones de Laxalt han indicado que hará lo que pueda para socavar los derechos reproductivos, y darle un escaño en el Senado podría darle la oportunidad de hacerlo apoyando la confirmación de un juez conservador a la Corte Suprema, en caso de que surja una vacante.
Los grupos a favor del aborto en todo el país se han pronunciado en apoyo de los derechos reproductivos desde que la Corte Suprema decidió no bloquear la nueva y restrictiva ley de aborto de Texas. La nueva ley, aprobada por una legislatura estatal de mayoría republicana y firmada por un gobernador republicano, prohíbe efectivamente el procedimiento, mediante la amenaza de un litigio civil, en una etapa lo suficientemente temprana en la que muchas mujeres ni siquiera saben si están embarazadas.
En Nevada, los grupos a favor del derecho a decidir también están prestando atención, aunque incluso una revocación de la decisión Roe v. Wade de 1972 por parte de la Corte Suprema no tendría efecto en el estado, al menos no inicialmente.
En 1990, los nevadenses votaron en un referéndum para incorporar las protecciones al aborto en la ley estatal. La pregunta 7 se incluyó en la boleta electoral siguiendo los esfuerzos de un grupo políticamente diverso de nevadenses y se aprobó con una inmensa mayoría: 201,004 a favor y 117,707 en contra.
Las leyes electorales de Nevada hacen que una vez que una ley haya recibido la aprobación del público a través del proceso de referéndum, esa sección de la ley no se pueda cambiar o revocar sin otro voto del público. La Legislatura de Nevada no puede prohibir el aborto en Nevada, independientemente de lo que pueda hacer la Corte Suprema.
Aún así, la postura anti-aborto de Laxalt preocupa a algunos que no quieren darle la oportunidad de socavar los derechos de salud reproductiva, en Nevada o a nivel federal. Su historial sobre el tema demuestra que aprovecharía cualquier oportunidad para hacerlo.
Como fiscal general de Nevada, Laxalt presentó escritos de amigos a la Corte Suprema pidiendo que derogara una ley de California que requiere que los centros de crisis de embarazo informen a las mujeres sobre sus opciones, y otro a una corte de apelaciones pidiéndole que mantenga una ley de Texas que prohíbe abortos en el segundo trimestre. Lo hizo sabiendo cómo habían votado los nevadenses sobre la Pregunta 7.
‘No estamos seguras aquí’
El jueves por la mañana, representantes de varias organizaciones pro-elección realizaron un evento en City Plaza. El evento fue organizado con la ayuda de Nevada Democratic Victory, el grupo que surgió luego de una toma progresiva de los principales puestos de liderazgo durante las elecciones para el partido demócrata estatal y un anuncio en junio del partido demócrata del condado de Washoe de que tomaría el control de las operaciones coordinadas de la campaña de mitad de período del próximo año.
Representantes de NARAL Pro-Choice America, el Wild West Access Fund de Nevada y un líder en el impulso para la aprobación de la Pregunta 7 en 1990, se reunieron para hablar sobre las preocupaciones en torno a la posible infracción de los derechos reproductivos, y manifestarse en contra de Laxalt y a favor de Cortez Masto.
La abogada Laura Fitzsimmons actuó como asesora legal durante el período previo al referéndum de la Pregunta 7 de 1990. En las tres décadas intermedias, continuó abogando por los derechos reproductivos, apoyando y formando parte de la junta de Planned Parenthood y proporcionando fondos para las mujeres que buscan abortos.
También ha estado trabajando con otros defensores del derecho a decidir para cambiar las regulaciones para que los profesionales médicos, como las enfermeras practicantes, puedan brindar el servicio a los pacientes, incluso en áreas rurales del estado donde no existen clínicas de aborto.
Fitzsimmons dijo que la aprobación de la Pregunta 7 hace más de 30 años les ha dado a las nevadenses una falsa sensación de seguridad.
“Nos sentimos seguras aquí, pero no estamos seguras aquí. Hay dos formas en que podemos deshacer el trabajo que se hizo hace más de 30 años ”, dijo. “Una cosa que podría suceder es que podría haber un referéndum y los nevadenses podrían votar para socavar Roe v. Wade. Eso no va a suceder porque Nevada es un estado a favor del aborto. … Entonces, la amenaza que enfrentamos realmente proviene de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de los jueces conservadores que básicamente son nombrados por nuestro Senado de los Estados Unidos. Es una amenaza real”.
Fitzsimmons también hizo referencia a los informes judiciales enviados por Laxalt cuando era fiscal general.
“Durante una época en la que teníamos un gobernador pro-elección, el gobernador Sandoval, Adam Laxalt por su cuenta firmó a nuestro estado en amicus briefs en todo el país que desafiaban la libertad reproductiva y los derechos al aborto. Con un historial como este, en el Senado de los Estados Unidos socavará nuestras protecciones por las que todos hemos luchado arduamente y que los nevadenses apoyan”, dijo.
Caroline Mello Roberson, directora regional del suroeste de NARAL Pro-Choice America, dijo que la amenaza de que se anule Roe v. Wade es real. Dijo que todas las personas que creen en la elección reproductiva deben tener eso en cuenta mientras la nación espera una decisión de la Corte Suprema en la primavera sobre Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.
Ese caso desafía un esfuerzo de Mississippi para buscar una revocación de Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, que devolvería la ley del aborto al control de los gobiernos estatales.
“Está claro lo que está en juego aquí en 2022”, dijo Roberson. “Debemos rechazar la agenda sexista y anti-elección de Laxalt. Los nevadenses necesitan un senador que valore la libertad reproductiva, como la senadora Cortez Masto”, dijo. “La senadora Cortez Masto ha sido una líder en el Senado que aboga por la libertad reproductiva y debemos reelegirla”.
También estuvo presente en City Plaza el fundador de una nueva organización de fondos para el aborto en Nevada. Carla Ramazan, directora ejecutiva de Wild West Access Fund para Nevada, fundó ese grupo en junio.
Desde entonces, el fondo ha ayudado financieramente a más de 30 mujeres a obtener servicios de aborto.
“Mi familia emigró de Rumania”, dijo Ramazan. “Como algunos de ustedes sabrán, Rumania es a menudo un caso de estudio sobre cómo no aplicar las leyes sobre el aborto. Mi tía falleció a causa de un aborto inseguro. Y, a menudo, la razón por la que lucho tan duro por esto es para honrarla a ella y a muchas otras.
“Pasé mis años universitarios en Texas … así que la noticia de la prohibición casi total del aborto en Texas es devastadora para mí, y no podemos permitir que suceda en Nevada”, agregó.
Ramazan dijo que la reelección de Cortez Masto para el Senado será fundamental para
proteger los derechos reproductivos de las mujeres no solo en Nevada sino en todo el país.
“No podemos hacer retroceder el reloj permitiendo que los funcionarios electos retrógrados tengan carta blanca para ser una amenaza legítima para nuestras libertades reproductivas. Los estadounidenses y los nevadenses ahora están viendo las oscuras repercusiones de los últimos años de nombramientos en los tribunales ”, dijo. “No podemos permitir un Senado que presiona para que haya más jueces en contra del derecho a decidir que solo tienen como objetivo hacer retroceder nuestras libertades reproductivas”.
Apenas unas horas después del evento en City Plaza, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que el Departamento de Justicia había demandado al estado de Texas por su nueva ley de aborto. La nueva ley interfiere con la capacidad de la mujer para ejercer sus derechos constitucionales, dijo Garland.
“El acto es claramente inconstitucional según el precedente de la Corte Suprema”, dijo.
