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Esta historia fue traducida por la periodista Jenny Manrique.
Nevada es uno de los 13 estados en los que una simple infracción de tráfico puede resultar en un cargo penal y hasta encarcelamiento. El proyecto de ley 116 de la Asamblea cambiaría eso.
La asambleísta Rochelle Nguyen presentó una legislación bipartidista en febrero que despenalizaría las infracciones de tráfico menores, convirtiéndolas en infracciones civiles y poniendo fin a la práctica de emitir órdenes judiciales cuando una persona no puede pagar las multas y tarifas impuestas.
AB 116 tiene siete patrocinadores principales y 23 copatrocinadores, incluida la republicana Lisa Krasner, asistente de la minoría parlamentaria de Nevada. La ley todavía tiene que salir de la Asamblea y llegar al Senado, pero recibió una exención en marzo sobre la fecha límite de abril para que los proyectos de ley pasen de una cámara a la otra de la legislatura.
La AB 116 fue escuchada en el comité de medios y arbitrios de la Asamblea el lunes.
“Será la quinta vez que muchos de ustedes escuchan un proyecto de ley similar”, dijo Nguyen, haciendo referencia a la legislación que se presentó con una redacción ligeramente diferente en el transcurso de varias sesiones legislativas.
Actualmente, el proyecto de ley está siendo rechazado por algunas jurisdicciones de la ciudad y el condado de Nevada que sostienen que la falta de una sanción penal relacionada con infracciones de tránsito podría resultar en una pérdida de ingresos, pero, según Nguyen y otros, estas jurisdicciones no están tomando en cuenta el ahorro que podría lograrse al no gastar dinero en la aplicación de la ley penal a través del encarcelamiento, la incautación de vehículos y similares.
Un enfoque similar al propuesto en la legislación de Nguyen ha estado vigente en Carson City desde octubre de 2019, cuando el departamento del alguacil decidió no arrestar a las personas con órdenes judiciales por violaciones de tráfico. Desde entonces, la tasa de recaudación de Carson City por multas de tráfico ha aumentado en un 8.5%.
Desacuerdo sobre los impactos fiscales
Aún así, los costos de reformar el sistema siguen siendo una preocupación.
Durante la reunión del comité del lunes, la presidenta Maggie Carlton señaló que la oficina de seguridad vial del departamento de seguridad pública de Nevada fue una de las que presentó una nota fiscal sobre el proyecto de ley. Esta dependencia ha dicho que espera un costo inicial de $310,000 para implementar un nuevo sistema de administración de registros, con un costo adicional esperado de $80,000 por año para mantenerlo debido a las disposiciones del proyecto de ley que permitirían a quienes reciban multas, anotarse a un sistema de correo electrónico o mensaje de texto para recordarles las deudas por infracciones de tránsito.
Los funcionarios de la ciudad de Henderson estimaron un costo inicial de $700,000 para implementar un nuevo sistema para infracciones de tránsito y una pérdida anual de $250,000 en ingresos por órdenes judiciales.
Si bien Henderson, la ciudad de Las Vegas, el condado de Clark, la ciudad de Reno, la oficina de tribunales administrativos de la Corte Suprema de Nevada y la asociación de condados de Nevada se oponen actualmente al proyecto de ley por sus impactos fiscales percibidos, la misma ha recibido apoyo del público y de las oficinas del defensor de los condados de Clark y Washoe.
John Piro, defensor público adjunto en jefe de la oficina del defensor público del condado de Clark, dijo a los legisladores el lunes: “Instamos a este comité a que apoye la AB 116 … Estamos construyendo sistemas a partir de la criminalización de las infracciones de tránsito que afectan de manera desproporcionada a nuestros ciudadanos más marginados. Las notas fiscales no toman en cuenta el costo de encarcelar a alguien en nuestro centro de detención del condado de Clark a un gasto de $190 por día — y creo que se presentaron ante este organismo al principio de la sesión para solicitar un reembolso estatal de $200 por día, por lo que el costo sigue subiendo”.
Los efectos dominó impactan la vida de los ciudadanos
Dijo que las notas fiscales y la oposición general al proyecto de ley tampoco tienen en cuenta “los efectos dominó” que él como defensor público ha visto, “al representar a personas en clínicas judiciales”.
Piro dijo que ha visto a personas arrestadas por una orden de infracción de tránsito un jueves y retenidas hasta el lunes, lo que ha provocado que pierdan sus autos, trabajos o casas.
“Ninguna de las notas fiscales toma en cuenta el impacto fiscal que tiene sobre los ciudadanos de nuestro estado. La AB 116 no solo es una buena política pública, sino que, a la larga, será una buena política fiscal. Entonces, insto al comité a aprobar este proyecto de ley”, dijo.
La defensora pública adjunta del condado de Washoe, Kendra Bertschy, se hizo eco de los sentimientos de Piro.
“Me gustaría señalar que absolutamente, hay un impacto económico en nuestros ciudadanos porque van a perder sus trabajos si los detienen y mantienen bajo custodia durante varios días. Van a perder a sus hijos o a estar involucrados en el sistema de CPS [Servicios de protección infantil] debido a estas multas”.
Bertschy dijo que cuesta entre $129 y $500 por día mantener en la cárcel a una persona arrestada con una orden judicial por una infracción de tránsito. A los miembros del comité de medios y arbitrios que no están en el comité judicial, les dijo que quería informarles también que cada delito menor de tráfico se castiga con hasta seis meses de cárcel, además de posibles multas y tiempo de libertad condicional.
“Desafortunadamente, he visto personas que han estado presas durante los seis meses completos en la cárcel del condado de Washoe por multas de tráfico, por lo que creemos que esto (el proyecto de ley) es fiscalmente sólido e instamos a su apoyo”, dijo.
El proyecto de ley también recibió el apoyo de Reno-Sparks NAACP, el Centro de Justicia de Multas y Tarifas, Americans for Prosperity Nevada y la ACLU de Nevada.
Nick Shepack, asociado de políticas y programas de la ACLU Nevada, dijo a los miembros del comité: “Estamos profundamente preocupados por cualquier entidad gubernamental que defienda la necesidad de ejercer el poder del sistema legal penal para recaudar ingresos cuando no existe un argumento legítimo de seguridad pública. Los tribunales y las fuerzas del orden no deberían usar a las personas para obtener ingresos. Esto es tributación por citación, simple y llanamente”.
Luego de la audiencia, la asambleísta Nguyen, dijo que está comprometida a continuar las negociaciones con las agencias y jurisdicciones que actualmente se oponen al proyecto de ley.
Alex Ortiz, gerente de servicios administrativos del condado de Clark, dijo que si se resuelven las preocupaciones fiscales en torno a la implementación de las disposiciones propuestas en AB 116, el condado “con mucho gusto se movería a la posición neutral” en el proyecto de ley, en lugar de oponerse.
